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Competencia en materia de Efluentes. Fallo Papel Prensa S.A. e/ Estado Nacional (Buenos Aires, Provincia de, citada 3°) s/ acción meramente declarativa.

El 3 de noviembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en los autos Papel Prensa S.A. e/ Estado Nacional (Buenos Aires, Provincia de, citada 3°) s/ acción meramente declarativa.
La cuestión planteada en el presente fallo ronda en cuanto a si le corresponde al Estado Nacional o Estado Provincial el control y la fiscalización de los residuos peligrosos.
El argumento del Estado Nacional se basa en el artículo 1 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051. La misma indica que “La generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley, cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional o, aunque ubicados en territorio de una provincia estuvieren destinados al transporte fuera de ella, o cuando, a criterio de la autoridad de aplicación, dichos residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado, o cuando las medidas higiénicas o de seguridad que a su respecto fuere conveniente disponer, tuvieren una repercusión económica sensible tal, que tornare aconsejable uniformarlas en todo el territorio de la Nación, a fin de garantizar la efectiva competencia de las empresas que debieran soportar la carga de dichas medida”.
A su vez, el Decreto Reglamentario 831/1993 indica en su artículo primero, en relación al ámbito de aplicación de la ley 24.051, que “Las actividades de generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, desarrolladas por personas físicas y/o jurídicas, quedan sujetas a las disposiciones de la Ley N° 24.051 y del presente Reglamento, en los siguientes supuestos: (…) 3 – Cuando se tratare de residuos que, ubicados en el territorio de una provincia, pudieran afectar directa o indirectamente a personas o al ambiente más allá de la jurisdicción local en la cual se hubieran generado.(…)”
La Corte indica que el artículo 1° de la ley 24.051 fija el ámbito de aplicación del proyecto. Se entiende así que, esta norma se aplica a los residuos generados en jurisdicción nacional. Siguiendo el mismo criterio se aplica a los residuos generados en jurisdicción provincial que sean transportados fuera de la provincia y a aquéllos que puedan pasar los límites de la provincia en la que han sido generados. A la luz de lo mencionado la aplicación directa de la ley 24.051 por la autoridad de aplicación nacional operaría si se verificara un supuesto de afectación de recursos interjurisdiccionales.
El carácter interjurisdiccional es la condición relevante para determinar cuál de las dos jurisdicciones es la encargada de fiscalizar la conducta ambiental de la planta Papel Prensa S.A.
Si se verifica que “el acto, omisión o situación producida, provoca degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la cuestión planteada corresponderá al control de la autoridad federal, por presentarse el presupuesto que la habilita”.
De los autos, según el dictamen de la Corte, no se desprende la configuración de interjurisdiccionalidad dentro de la actividad de la empresa actora y el recorrido del volcado que se pretende controlar no abarca a más de una jurisdicción y, por lo tanto, sus efectos no se extienden más allá del territorio de la Provincia de Buenos Aires.
El Estado Nacional menciona las conclusiones del informe producido por el Instituto Nacional del Agua, presentado en autos. Este informe indica una posible contaminación atribuida al vuelco de residuos especiales en el río Baradero, por parte de la actora, siendo el origen de los mismos territorio provincial. Este informe, toma como base los parámetros fijados por la Resolución 336/03 de la autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, dentro del mismo se informó que una de las tomas realizadas, específicamente “La muestra M1, descarga de la empresa Papel Prensa SACIF y de M., presentó valores de DB05 DQO superiores a los fijados en la resolución 336/03 de la autoridad de Agua de la Pcia. de Buenos Aires”.

Ahora bien, la Corte estima que “las diversas muestras que fueron obtenidas en distintos puntos de toma, nada aportan para afirmar que se ha probado la presencia de sustancias que se expandan más allá del territorio de la provincia”. Esto así ya que las tomas realizadas para la generación del informe en cuestión fueron extraídas en la boca de vuelco a 200 metros río arriba y a 100 metros río abajo. “Extremos absolutamente insuficientes para tener por configurada la interjurisdiccionalidad invocada, en un río de 40 km de longitud”.

Por esto es que se interpreta que la autoridad nacional no probó el presupuesto legal de su intervención, cual debiera ser la afectación “más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado”.
Siendo así, la Corte falla diciendo que “el demandado no tiene la autoridad de control que pretende atribuirse, en virtud de la ausencia de interjurisdiccionalidad; y no constituye un óbice a esa conclusión que autorice su intervención, el principio precautorio que en nuestro medio consagra la Ley General del Ambiente, 25.675, dado que a su cumplimiento se sujeta la interpretación y aplicación no solo de dicha ley sino de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental, entre las que se encuentra el robusto plexo normativo provincial. Esta Corte ha señalado que ese principio produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público. Por lo tanto, no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer su efecto, con el propósito de actuar una vez que esos daños se manifiesten. Por el contrario, el administrador que tiene ante sí dos opciones fundadas sobre el riesgo, debe actuar precautoriamente, y obtener previamente la suficiente información a efectos de adoptar una decisión basada en un adecuado balance de riesgos y beneficios”.
La Provincia de Buenos Aires es entonces, en quien recae en primer lugar la responsabilidad de fiscalizar. Esto no obsta que para llevar a cabo tal tarea pueda recibir ayuda de otras jurisdicciones. “Sin que tal coordinación determine la competencia que a cada una de ellas corresponde por mandato constitucional”.
Por el análisis expuesto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha manifestado que el control de efluentes al que se encuentra sometida la actora corresponde a la Provincia de Buenos Aires.

Dra.Tomasoni Micaela.

diciembre 15th, 2015   |   Sin Comentarios

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