El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que busca promover y proteger los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. El tratado fue firmado en 2018 y entró en vigor en 2021. El Acuerdo fue firmado por países de Latinoamérica y el Caribe. En nuestra región hay 33 países de los cuales 25 son países firmantes. Mientras que la ratificación ha sido efectuada sólo por 15 países, siendo estos sus 15 países parte.

Del 19 al 21 de abril de 2023, se llevó a cabo la segunda Conferencia de las Partes (COP2) del Acuerdo de Escazú en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La reunión convocó a representantes de los países de la región para discutir los avances y desafíos en su implementación.

Durante la COP2, se destacaron los esfuerzos realizados por algunos países para implementar el acuerdo y se enfatizó la necesidad de una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales. Sin embargo, también se discutieron los desafíos que enfrentan algunos países para implementar el acuerdo, como la falta de recursos y la resistencia de algunos sectores a la transparencia y la participación pública.

Además, se anunciaron los miembros electos del Comité de cumplimiento del Acuerdo de Escazú el cual quedó conformado por las siguientes personas: Guillermo Eduardo Acuña (de Chile); Mariana Blengio Valdés (Uruguay); Rita Leonette Joseph-Olivetti (Granada); Patricia Madrigal Cordero (Costa Rica); Andrés María Napoli (Argentina); Carole Denise Angela Stephens (Jamaica); y Félix Wing Solís (Panamá).

De esta forma se comienza el trabajo para definir la forma en que los países pondrán en marcha el Acuerdo. Es de suma importancia entender que este acuerdo viene en pos de dar efectividad a los derechos de la sociedad civil como parte en todos los procesos ambientales de un país. Esto involucra tanto los comienzos de un proyecto, la elaboración de evaluaciones de impacto ambiental, las audiencias públicas, la participación pública para la confección, adecuación y ejecución de proyectos y políticas públicas ambientales. Es evidente que hoy no pueden llevarse a cabo proyectos o políticas sin aprobación y acompañamiento de la sociedad civil.

Es por esto que la COP2 del Acuerdo de Escazú en Buenos Aires fue una oportunidad para que los países de la región discutieran los avances y desafíos en la implementación de este importante tratado internacional para la protección del medio ambiente y los derechos humanos.

Autor: Micaela Tomasoni