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La Corte se pronuncia en los autos “YPF S.A. c/ ACUMAR”

ABSTRACT

La Corte Suprema, hace lugar parcialmente a la queja, declara procedente el recurso extraordinario y deja sin efecto la sentencia apelada en cuanto impuso a YPF la obligación de contratar un seguro de recomposición de daño ambiental.

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El pasado 12 de Mayo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, intervino frente al recurso de hecho que dedujo la actora en los autos “YPF S.A. c/ ACUMAR s/ medida cautelar autónoma”, frente a la denegatoria de ésta por parte del Juzgado Federal de Quilmes.

El objetivo de la medida consistía en que la ACUMAR, se abstenga de aplicar cualquier sanción, o de clausurar preventivamente sus plantas industriales ubicadas en la Cuenca Matanza Riachuelo, generada por la supuesta omisión de la contratación del seguro de caución ambiental, que cumpla con la Resolución Conjunta 98/2007 y 1973/2007, la que establece las pautas básicas para las contrataciones contractuales de las pólizas de seguro de daño ambiental de incidencia colectiva, hasta tanto quede firme la impugnación deducida en sede administrativa.
El Juez de primera instancia, puso de manifiesto poner en ejercicio las facultades establecidas por el artículo 32 de la Ley 25675, considerando que las pólizas contratadas por YPF S.A. no cumplían con las pautas mencionadas por la Resolución Conjunta, citada en el párrafo precedente, y que no existía merito suficiente que justifique la medida, recordando que cuando una medida cautelar se intenta contra la administración pública es menester que se acredite la manifiesta arbitrariedad del acto cuestionado, puesto que los actos administrativos gozan de la presunción de legitimidad y de fuerza ejecutoria. De esta forma, se ordenó a la petrolera a la contratación del seguro ambiental en los términos del artículo 22 de la Ley General del Ambiente.

En cuanto a los fundamentos que hicieron lugar al reclamo de YPF S.A., la Corte sostiene que el juez se expidió sobre una cuestión que no fue objeto del juicio, con menoscabo de las garantías constitucionales de defensa en juicio y de propiedad. Ya que la medida solo perseguía que se ordenase a ACUMAR a abstenerse de aplicar sanciones, hasta tanto mediara resolución judicial que ponga fin al proceso administrativo en el que la apelante objetaba su deber de aseguramiento. Además, el magistrado, como tribunal revisor de las decisiones administrativas de la ACUMAR, se excedió en lo resuelto al estar fuera del objeto procesal y al comprometer directa e inmediatamente las garantías constitucionales invocadas.

El máximo Tribunal, también sostuvo que el agravio expresado por la apelante, atinente a la denegación de la medida precautoria, se tiene establecido que las resoluciones sobre esta clase de peticiones, ya sea que las ordenen, modifiquen o levanten, no revisten el carácter de sentencia definitiva. En el caso, sostiene la Corte, no se ha demostrado por la recurrente la existencia de dos requisitos tradicionalmente requeridos por la jurisprudencia para equiparar una sentencia definitiva a una medida cautelar, esto es, que medie cuestión federal conjuntamente con un agravio que, por su magnitud y por las circunstancias de hecho, resulte irreparable.

Por ese motivo, la Corte Suprema, hace lugar parcialmente a la queja, declara procedente el recurso extraordinario y deja sin efecto la sentencia apelada en cuanto impuso a YPF la obligación de contratar un seguro de recomposición de daño ambiental.

Sebastián Moyano Chotro- Villanueva & Asociados.

mayo 19th, 2015   |   Sin Comentarios

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