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La Política Ambiental de la Provincia de Córdoba y la adecuación a los presupuestos mínimos nacionales.

 La ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba 10.208/14,  viene a  complementar los presupuestos mínimos establecidos en la Ley Nacional Nº 25.675, General del Ambiente, designando como su Autoridad de Aplicación al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia. De este modo se da cumplimiento a los preceptos constitucionales de adecuación a los presupuestos mínimos por parte de las provincias al tiempo que reemplaza a la Ley 7.343 sancionada el  29 de agosto de 1985.

  

La misma es  el resultado de un proyecto que fue impulsado por el poder ejecutivo Provincial.

La ley busca establecer los objetivos de la política ambiental, basado en los siguientes instrumentos de gestión:

 


a) El ordenamiento ambiental del territorio: que
debe asegurar el uso adecuado de los recursos ambientales y , posibilitar la producción sustentable.

 

 b) La evaluación de impacto ambiental: Se establece con carácter obligatorio y previo al otorgamiento de la licencia ambiental, procedimiento técnico-administrativo que deberá contener un estudio de impacto, un dictamen técnico, estudios y opiniones surgidas de las audiencias públicas.

 

 c) La evaluación ambiental estratégica: que debe incorporar criterios ambientales a la formulación de políticas, programas y planes de carácter normativo general.

 
d) Los planes de gestión
ambiental: Son instrumentos que permiten orientar a quienes impacten en el ambiente con el propósito de que su actividad propenda a la sostenibilidad en el territorio provincial.

 
e) Los sistemas de gestión ambiental: estos deben establecer las responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para llevar a cabo la política ambiental de una organización
.

 

 f) El control de las actividades antrópicas: a través de  la vigilancia, inspecciones, controles con motivo de denuncias, fiscalización de actividades y auditorías ambientales.

 

 g) La fijación de estándares y normas: Las que debe ser concordantes con la legislación vigente y tender a la integralidad del plexo normativo.

 
h) La educación ambiental: Esta debe prever la inclusión de temáticas ambientales en la currícula de la educación formal en los distintos niveles.

 
i) La información y diagnóstico ambiental: garantizando el derecho  de acceso a la información
.

 
j) La participación ciudadana para la convivencia ambiental: Son las  acciones, obras o actividades que puedan afectar el ambiente. La ley también establece la realización de audiencias públicas como procedimiento obligatorio para los proyectos o actividades que estén sometidas obligatoriamente a la evaluación de impacto ambiental, las cuales se realizarán en forma previa a cualquier resolución, con carácter no vinculante y de implementación obligatoria.

 
k) El seguro ambiental: se establece para quienes realicen actividades que entrañen riesgo para el ambiente por el daño que se pudiera producir.

 
l) Las medidas de autogestión, incentivos y alicientes ambientales previstas  para aquellos que realicen acciones tendientes a preservar, proteger, defender o mejorar el ambiente.

 

m) Se establecen acciones de salud ambiental para aquellas actividades que pudieran generar efectos negativos significativos sobre la salud.

  

n) Se prevé la realización de un diagnóstico ambiental provincial que deberá ser elevado al Poder Legislativo antes del día treinta de noviembre de cada año.

 

o) Se establece la viabilidad de recepción de denuncias sobre pasivos ambientales o impactos ambientales negativos e irreversibles que impliquen el deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas, producidos por cualquier tipo de actividad. A ese efecto se crea el Registro de Pasivos Ambientales de la Provincia de Córdoba (REPA), el que funcionará en la órbita de la Autoridad de Aplicación.

 

 Asimismo  se regula la acción de amparo ambiental, la cual podrá ejercerse en forma de:

 

  • Acciones de prevención;

  • Acciones de reparación en especie,

  • Acciones de reparación pecuniaria por el daño producido a la comunidad.

 

“Estas acciones pueden ser ejercidas por la Fiscalía de Estado, el Ministerio Público, los municipios y comunas, y cualquier entidad o particular que accione en nombre de un interés difuso y/o derechos colectivos. Son sujetos pasivos “las personas físicas o jurídicas -públicas o privadas- que, en forma directa o a través de terceros, sean responsables de hechos, actos u omisiones que generen la perturbación, privación, daño, amenaza o menoscabo de los intereses difusos o derechos colectivos. Quedan comprendidas, además, las reparticiones del Estado Nacional, Provincial, Municipal y Comunal cuando en el otorgamiento de autorizaciones para el funcionamiento de la actividad privada o en el cumplimiento de los controles previstos por la legislación vigente obraren con manifiesta insuficiencia o ineficacia para la protección y defensa de los intereses difusos y derechos colectivos.”

 

 La ley se complementa con tres anexos: a. Listado de proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de estudio de impacto ambiental y audiencia pública; b.  Listado de proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de aviso de proyecto y  condicionalmente sujetos a presentación de estudio de impacto ambiental y c. Guía para la confección del resumen de la obra y/o acción propuesta (aviso de proyecto)

  

Criticas

 

Durante el proceso de sancionatorio tuvieron lugar episodios de enfrentamiento entre  grupos ambientalistas que se oponen al establecimiento de la planta de Monsanto en la localidad de  Malvinas Argentinas y las autoridades locales.

 Una de las críticas fue la falta de  tratamiento público que se le dio al tema y el supuesto favorecimiento que le daría a la empresa para establecerse en la provincia.

 Cabe destacar que se trabajo en una  Comisión Conjunta integrada por las comisiones de Asuntos Ecológicos, de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, y de Industria y Minería.  Participaron más de 15 organizaciones ambientales y sociales,  entre ellas  la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, la Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA), la Red Universitaria de Ambiente y Salud-Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Colectivo Paren de Fumigar, Casa Córdoba Asamblea Socioambiental, Organización Nación Mapuche, y asambleas y vecinos de Candonga (Chavascate), de Barrio San Antonio, de Villa Giardino, de Río Ceballos, de Juárez Celman, de San Marcos Sierras, Capilla del Monte, Río Cuarto, de Punilla.[i]

 

 Otra de las observaciones radicó en que  el texto sostiene generalidades que hacen ambiguos los preceptos constitucionales tornándolos  susceptibles de arbitrariedades, y se  tildo al proyecto de insuficientes como estándares básicos. Es dable pensar entonces si la “complementación de los presupuestos mínimos” que el estado nacional indica hacer a las provincias, debe o no tener carácter reglamentario o si por el contrario, las leyes generales ambientales preexistentes a la reforma constitucional del ´94, deben adecuar sus principios y a su vez estos deban ser reglados por el ordenamiento interno de cada provincia conforme las adecuaciones que hicieren de su legislación general ambiental a la luz de los principios rectores nacionales.

 

La controversia  entre Monsanto y la comunidad de Malvinas Argentinas.

 

Malvinas Argentinas es una localidad del Departamento Colón ubicada 14 kilómetros al noreste de la ciudad de Córdoba y a 10 kilómetros de barrio Ituzaingó y tiene 12.484 habitantes.[ii]

 Monsanto presento un  Aviso de Proyecto a la Secretaría de Ambiente del gobierno de Córdoba el 2 de julio de 2012 para la realización de una planta de  acondicionamiento  semillas de maíz hasta lograr una capacidad máxima de producción de 3,5 millones de hectáreas constituyéndose en la segunda planta más grande del mundo para dicha función.

 

Una de las observaciones técnicas de la presentación del proyecto más relevante es que en el mismo no se aborda adecuadamente el tema de los plaguicidas que utilizaría la planta en sucesivas etapas, ni evalúa los grupos de riesgo ambiental y sanitario para cada fase productiva (desde el ingreso de espigas hasta la curación y acondicionamiento final de las semillas).[iii]

 

Por otro lado se señala que la evaluación de impacto ambiental  es incompleta y se no fue sometida a procedimientos de audiencia pública desoyendo las demandas de parte de los vecinos.

 

La ley 10.208 establece asimismo que los proyectos que involucren plantas de silo o centros de acopio de cereales, plantas de producción de granos o semillas; entendiendo como tales a los que realicen almacenamiento, separación, clasificación, limpieza, curado y/o secado de granos, con capacidad de acopio mayor a las dos mil quinientas toneladas deberán presentar estudios de impacto ambiental y audiencia pública (Anexo I).

 

Por otro lado los proyectos de plantas que tengan una capacidad menor a las 2500T deberán presentar aviso de proyecto y están condicionalmente sujetos a presentación de estudio de impacto ambiental (Anexo II).

 

Frente a la sanción de la ley 10.208/14, organizaciones no gubernamentales plantean la posibilidad de la aplicación retroactiva de la ley frente al caso Monsanto, argumentando que la misma es de aplicación inmediata. Estas ONGs interpretan que a partir de la aprobación en la Legislatura de la ley N° 10208 de “Política Ambiental Provincial” publicada en el Boletín Oficial el 27 de junio del presente año, la empresa perdió la posibilidad de instalarse en esa localidad toda vez que en su artículo 20 estableció un nuevo requisito para que los proyectos puedan someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, a saber: no tener un rechazo o desestimación por parte de la Autoridad de Aplicación con anterioridad.

 

Sin embargo es sabido que la excepciones a la aplicación retroactiva son justamente eso “excepciones” y las mismas deberán estar fundadas.

 

En ese  contexto la pugna entre los intereses de la empresa, la necesidad de creación de trabajo y de ingreso de impuesto por parte de los gobiernos municipal y provincial, la necesidad de consumo de los granos tanto a nivel interno como de exportación y las voces siempre alertas sobre los impactos a la salud y al medio ambiente, se debaten en una nueva sinfonía de interlocutores sin capacidad de conciliar el desarrollo económico, la protección del entorno, la salud y el respeto por la instituciones, restándole credibilidad a los actores sociales, a sus planteos y reclamos.

 

 Dra. Claudia Villanueva

Abogada UBA

Especialista en Régimen Jurídico

de los Recursos Naturales – UBA

 

 


 

[i]  Fuente http://fundeps.org/fr/node/146

[ii] Censo 2010

[iii]http://www.unrc.edu.ar/unrc/ocsa/docs/m-extractivista/monsanto-pormontenegro.pdf. Nota escrita ocn anterioridad a la sanción de la ley 10208/14

 

septiembre 21st, 2014   |   Sin Comentarios

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