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La Reforma del Código Civil y el acceso al agua

El Gobierno Nacional levanto polémica y el descontento de muchos sectores de la sociedad al eliminar el original artículo 241 que determinaba la responsabilidad del Estado para garantizar al derecho al agua potable, limitando aquellos derechos de incidencia colectiva que fueron incorporados en el Anteproyecto.

El orden jurídico internacional del Derecho Humano al acceso al Agua se encuentra conformado por una serie de instrumentos, algunos de ellos de carácter vinculante para los Estados y otros no vinculantes, aunque dotados de una importante fuerza persuasiva por configurar las expectativas sociales relevantes sobre el comportamiento de sujetos tanto públicos como privados. Para alcanzar este derecho en su plenitud y cumplir con estas obligaciones internacionales se pone a cargo de las de las autoridades nacionales la aplicación directa de los tratados de derechos humanos en el plano interno.

La obligación internacional exige que los Estados se abstengan de interferir directa o indirectamente con el disfrute del Derecho Humano al Agua, como el deber de no incurrir en cualquier práctica o actividad que obstaculice o limite el acceso igualitario al agua adecuada, de no interferir arbitrariamente en los mecanismos consuetudinarios o tradicionales para el suministro de agua y de no disminuir o contaminar las fuentes de agua. Desde lo procedimental se exige a los Estados, remedios efectivos para el cumplimiento de estas obligaciones básicas.

Anteproyecto:

El anteproyecto del flamante Código Civil establecía en su ARTICULO 240:

Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes.

El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones anteriores debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva en los términos del artículo 14. No debe afectar gravemente el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Los sujetos mencionados en el artículo 14 tienen derecho a que se les suministre información necesaria y a participar en las discusión sobre decisiones relevantes conforme con lo dispuesto en la legislación especial. Cualquiera sea la jurisdicción en que ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable.

En el articulo siguiente Declaraba dicho acceso como un derecho fundamental.

ARTÍCULO 241.- Derecho fundamental de acceso al agua potable. Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales.

Estos artículos fueron sustituidos por el Poder Ejecutivo Nacional por los siguientes:

ARTICULO 240.- Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las Secciones anteriores debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial.

ARTICULO 241. Jurisdicción. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable.

En nuestro País amplios sectores de la población no tienen garantizado su acceso seguro, mientras una parte accede por medio del sistema de redes otros mediante estrategias individuales.

Otra de las modificaciones relevantes con respecto al acceso a este recurso natural fundamental y relacionado con lo anteriormente expuesto está relacionada con lo que hoy se conoce como el camino de sirga y los referentes límites al dominio. Esta modificación implicaría la perdida de territorio de uso común y publico.

Desde hace mucho tiempo, el camino de sirga, fue parte importante en el desarrollo de la economía ya que era un apoyo fundamental para la navegación.

Hoy las motivaciones para mantener este apuntan al cuidado de las aguas y la biodiversidad y tratan de superar aquella visión histórica que ha llevado a algunos a pensar en la derogación de estas normas argumentando en la necesidad de mantener su existencia frente a las circunstancias actuales.

ANTIGUO CODIGO

Art. 2639: Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del rio o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna.

Art. 2640: Si el rio o canal atravesare alguna ciudad o población, se podrá modificar por la respectiva municipalidad, el ancho de la calle pública ni pudiendo dejarla de menos de 15 metros.

NUEVO CODIGO

Art. 1974: Camino de Sirga:

El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptas para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de 15 metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad.

Todo perjudicado puede pedir que se renueven los efectos de los actos violatorios de este artículo.

Esto significaría que ningún habitante del país podrá usar esta franja cuando corresponda a terrenos privados.

Dra. Solange Capria

octubre 16th, 2014   |   Sin Comentarios

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