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La Resolución 999/14 y su compleja vigencia: antecedentes y futuro del Seguro Ambiental.

La temática acerca del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) se encuentra en plena ebullición. El artículo 22 de la Ley General del Ambiente N° 25.675 y su Decreto Reglamentario 1638/2012 indican que el SAO es una garantía financiera exigible a toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos.
En los últimos meses han sucedieron hechos legislativos que han influido en la aplicación de la normativa mencionada, particularmente en relación a la vigencia del Decreto 1638/2012. Para entender la realidad jurídica de esta herramienta debemos analizar cronológicamente algunas normas y fallos. Es importante aclarar que existen dos fallos por medio de los cuales se judicializó la cuestión del seguro ambiental. Estos son:
“Fundación Medio Ambiente/ EN-PEN-DTO 1638/12- SSN Resol. 37.160 s/ medida cautelar autónoma”. Esta causa llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde en diciembre de 2014 la Corte revocó la medida cautelar dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había suspendido la vigencia de las normas reglamentarias del seguro ambiental. Las normas en cuestión la Resolución 37.160/12 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Decreto 1638/12 del Poder Ejecutivo. Este último establece dos tipos de seguros: un seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva y un seguro de responsabilidad por daño ambiental de incidencia colectiva. A su vez, en su artículo 11 deroga las Resoluciones Conjuntas de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Secretaria de Finanzas Nros. 178 y 12 del 19 de febrero de 2007, y Nros. 1973 y 98, del 6 de diciembre de 2007. Por último también deroga la Resolución Nro 35.168 del 15 de junio de 2010 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
La primera de ellas indica la creación de la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales (CAGFA), la segunda se refiere a las pautas básicas para las condiciones contractuales de las pólizas de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva. Mientras que la última de ellas indica que todo trámite que se haya iniciado, o que se inicie en el futuro, con el objeto de obtener la aprobación de planes de seguro, cláusulas y demás elementos técnicos contractuales correspondientes a la cobertura de riesgos previstos en el artículo 22º de la Ley Nº 25.675 (Ley General del Ambiente), deberá adecuarse a las condiciones estipuladas en el Anexo de la Resolución Conjunta de la Nº 98/2007 y 1973/2007.
No obstante lo dictaminado por la Corte en el fallo citado anteriormente, es importante tener en cuenta el proceso judicial “NGN Asesores en Seguros S.A. c/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE”. En el mismo se dicta nuevamente la suspensión del Decreto N° 1638/12 por medida cautelar. Si bien en relación a la causa “Fundación Medio Ambiente” la CSJN se expidió haciendo caer la medida cautelar que suspendía la aplicación del Decreto 1638/12, aún no se ha expedido frente a la medida cautelar de este segundo proceso judicial, razón por la cual desde la Superintendencia de Seguros de la Nación se comunica que tanto el Decreto 1638/12 como la Resolución 37160/12 se encuentran suspendidos en sus efectos.
La vigencia del decreto 1638/12 es de suma importancia ya que la última normativa que se refiere a esta temática es la Resolución 999/14 de Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En su artículo primero indica que “a los fines de obtener la conformidad ambiental, en los términos de la Resolución Conjunta Nº 98 de la SFP, y Nº 1973 de la SAyDS del 6 de diciembre de 2007, las Compañías de Seguros deberán acreditar la capacidad técnica para remediar (…).”
La misma establece que las compañías de seguro deben cumplir determinados requisitos para la obtención de la “Conformidad Ambiental” por parte de la Secretaría. Una vez obtenida dicha conformidad, la SSN está a cargo de aprobar el plan de seguros a operar. Además, fija varios requisitos que tendrán que cumplir las aseguradoras. Entre ellos deberán acreditar que cuentan con la capacidad técnica necesaria para realizar las tareas de remediación ambiental, frente a todo tipo de contaminación posible y en toda la Argentina, para acreditar esta capacidad deben presentar un mínimo de convenios celebrados con dos empresas transportistas de residuos peligrosos, dos operadores ex-situ y dos operadores in-situ; acreditar que las operadoras y transportistas poseen Certificado Ambiental Anual y Certificado Fiscal para Contratar en vigencia. La resolución exige, a su vez, que demuestren acreditación de solvencia patrimonial para llevar a cabo todas estas tareas.

La SAyDS indicó en la Resolución 999/14 que las aseguradoras que ya estuvieran brindando Seguros Ambientales deberían adecuarse a los requisitos que establecidos en un plazo máximo de 90 días hábiles, cumpliéndose estos en febrero del 2015.

El punto de inflexión en la cuestión es que el Decreto N° 1638/12 deroga la Resolución Conjunta N° 98 y 1973, mientras que la Resolución 999/14 reglamenta la mencionada resolución conjunta. Dicho de otra forma la Resolución N° 999/14 reglamentaría una norma derogada. La problemática ronda en que la vigencia del Decreto 1638/12 está siendo analizada por la Corte Suprema en los dos fallos mencionados anteriormente, uno de los cuales ya ha establecido la caída de la medad cautelar que suspendia el decreto, el otro aún sin resolución pero con movimientos en la Corte.

En conclusión, debemos aguardar a que la Corte se expida en referencia al fallo “NGN Asesores en Seguros S.A.” para poder indicar el estado de vigencia o no del decreto en cuestión. Hoy la Superintendencia de Seguros de la Nación afirma que la que el Decreto 1638/12 se encuentra suspendido.

Dra. Claudia Villanueva
Micaela Tomasoni
Estudio Jurídico Ambiental
Villanueva & Asoc.
www.vasoc.com.ar
@matrizlegal

mayo 11th, 2015   |   Sin Comentarios

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