BLOG

Nuevo régimen sobre Comisiones Medica Juridiccionales: ¿bajará la litigiosidad?

Antecedentes.

La ley 24.241 del año 1993, regula en el art 49, inc 2 la actuación de las Comisiones Medicas.
En el año 1995, se sanciono la ley de Contrato de Trabajo nº 24.557 (LCT). Nueve años más tarde, en el 2005, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de un inciso de la norma señalando que no cumplía debidamente la premisa de que la federalización estuviera fundada en necesidades reales, fue el conocido fallo “Castillo”. Este fallo declaró la inconstitucionalidad del art. 46 de la LRT, inc. 1, de manera unánime.
A partir de este precedente, las víctimas de accidentes laborales pudieron acceder directamente a la justicia laboral. Se fundamentó en que se configuraba una violación del acceso a la justicia y al debido proceso, toda vez que se impone una instancia administrativa previa, de recurrir a un órgano administrativo que no es el juez natural competente para entender en la materia; conforme el art. 18 de la CN.
Posteriormente en el año 2012 se sanciona la ley 26.773 de Riesgo de Trabajo, regulando sobre el régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, dando mayor integridad al marco regulatorio.

Las modificaciones del 2017.

A 20 días del mes de enero del presente año, el Poder Ejecutivo aceleradamente interviene en lo que se conoce como un terreno de alta ligiosidad donde la balanza siempre esta inclinada hacia el sector trabajador, haciendo gala de principio “in dubio pro operario”. Su intervención modificó la ley que rige las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Decreto 54/2017.
Los argumentos rondaron sobre que la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las Comisiones Medicas Jurisdiccionales.
Las Comisiones Médicas tuvieron en el DNU un rol de trascendencia ya que, en los casos de accidentes laborales, debían expedirse sobre si corresponde o no el inicio de una acción judicial en procura de una indemnización por enfermedad o incapacidad
El Poder Ejecutivo con esto dispuso la actuación de las “Comisiones Médicas Jurisdiccionales” como “la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente”.
Fijaba un plazo máximo de “60 días hábiles administrativos para expedirse” y previa que ese plazo “será prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, debidamente fundadas”, en tanto “la demora injustificada que pudiere imputarse a la respectiva Comisión Médica Jurisdiccional hará incurrir en falta grave a los responsables”.
Lo enérgico del DNU busco su justificación en el incremento de la litigiosidad individual poniendo, según el P.E. en riesgo la finalidad de la ley 24.557 para la reparación suficiente sin desconocer el incremento de costos asociados a estos trámites.

A fin de evitar situaciones de inequidad, los peritos médicos oficiales que interviniesen en las controversias judiciales que se suscitasen en el ámbito de la Ley N° 24.557, debían integrar el Cuerpo Médico Forense de la jurisdicción interviniente, seguía diciendo el DNU 54/17.
Al día siguiente de la publicación del mencionado DNU, el juez subrogante del Juzgado Nacional del Trabajo N° 41, Alejandro Aníbal Segura, dictó la inconstitucionalidad del referido Decreto, fundó su sentencia en que esa limitación impide una “acción judicial expedita” para los trabajadores, lo que justifica su “inconstitucionalidad”. El fallo de Juez Segura, si bien sienta jurisprudencia no es una demanda colectiva, sino que se trata de una demanda individual de una trabajadora contra una aseguradora.

Aunque la Justicia laboral había declarado la inconstitucionalidad del DNU que modificó el régimen de ART, el proyecto de ley del Gobierno nacional fue promulgado por el Congreso el día 24 de febrero de 2017 bajo el número de ley 27.384, denominada Ley Complementaria a la LCT, regulando específicamente la Comisiones Medicas. Esta estableció que “todos los trabajadores que sufran accidentes laborales deberán presentarse ante Comisiones Médicas Jurisdiccionales antes de presentar denuncias judiciales contra sus empresas”.
La promulgación se da posteriormente a que el juez subrogante dictara la inconstitucionalidad del DNU N° 57/17 que firmó el presidente, Mauricio Macri.
El Título I de la ley 27.384 regula las Comisiones Médicas:
“Artículo 1.- Dispónese que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la ley 24241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Será competente la comisión médica jurisdiccional correspondiente al domicilio del trabajador, al lugar de efectiva prestación de servicios por el trabajador o, en su defecto, al domicilio donde habitualmente aquel se reporta, a opción del trabajador y su resolución agotará la instancia administrativa.

Los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas con empleadores alcanzados por lo estatuido en el apartado primero del artículo 28 de la ley 24.557 no están obligados a cumplir con lo dispuesto en el presente artículo y cuentan con la vía judicial expedita.”
De manera muy expedita, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo emitió el 24 de febrero la reglamentación del Procedimiento ante las comisiones médicas de la Ley de Riesgos del Trabajo, mediante la Resolución 298/17 la cual se publicó en el Boletín oficial en la misma fecha.
Dicho Procedimiento regula en el art. 1 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. Aquí enunciamos los tópicos más sobresalientes.

• Requisitos para el inicio del trámite de rechazo de la denuncia de la contingencia por el damnificado.
• Procedimiento del trámite por rechazo de la denuncia de la contingencia.
• Requisitos para el inicio del trámite de Divergencia en la Determinación de la Incapacidad por parte del damnificado.
• Requisitos para el inicio del trámite de Determinación de la Incapacidad por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y el Empleador Autoasegurado.
• Competencia territorial de la Comisión Médica Jurisdiccional.
• Regula sobre Audiencia y examen médico.
• Prueba alegato y notificación.
• Liquidación de la prestación dineraria.
• El acuerdo entre las partes.
• La situación de disconformidad.
• El recurso de apelación.
• Procedimientos para la homologación.
• Disposiciones de ordenamiento del sistema sobre riesgos del trabajo establecidas en el Título III
• Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.)

Cabe señalar que en los considerandos la SRT sostiene “que en la actualidad, la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo, se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales.”
Y en una misma línea de acción reitera que “Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo prescribe que los decisorios que dicten las Comisiones Médicas Jurisdiccionales o la Comisión Médica Central, que concluyan procedimientos controvertidos y que no fueren objeto de recurso ante la Justicia, así como las resoluciones homologatorias del Servicio de Homologación creado en el ámbito de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del Artículo 15 de la Ley N° 20.744.”

Mas procedimiento = Menos Litis
No es dable suponer, que los ánimos litigantes y los intereses profesionales se hagan eco del objetivo inicial del Poder Ejecutivo. La litigiosidad no solo se reduce solamente mediante mecanismos “para judiciales”, sino inicialmente en el ámbito de la prevención. Como reza el refrán “siempre es mejor prevenir que curar”, aunque para ver claramente dicha economía, las empresas deberán invertir en capacitación, concientización y adecuación plena al cumplimiento legal.

Dra. Claudia Villanueva
Estudio Jurídico Ambiental
Villanueva & Asoc

marzo 27th, 2017   |   Sin Comentarios

Contact Us