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Prohibición de minería a cielo abierto en Córdoba

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) puso fin al debate sobre la legalidad de la minería a cielo abierto en la provincia. Declaró constitucional la prohibición de la actividad que fue dispuesta por Ley n° 9526 provincial en 2008. La ley cordobesa prohíbe la explotación minera a gran escala de sustancias metalíferas y radiactivas a cielo abierto con el proceso de lixiviación con cianuro, mercurio u otras sustancias tóxicas.

Un año después de promulgada, la Cámara Empresaria Minera de Córdoba y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear pidieron que la ley se declarara inconstitucional ( “CEMINCOR Y OTRA C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA – ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”.Expte. n° 1798036 iniciado el 4 de mayo de 2009), alegando la falta de competencia de la Provincia de Córdoba para dictarla en función de lo normado por el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional.

Manifestaron que viola el sistema de propiedad y dominio minero como así también las formas de disposición del Estado sobre las minas. Afirman que el Código de Minería de la Nación presenta las características de forma y de fondo puesto que tales recursos necesitan esa doctrina jurídica para que el principio de dominio originario del Estado no sea desvirtuado y por el interés de utilidad pública de la minería para la Nación, no para los intereses parciales de la provincia, que ignora todo el sistema jurídico ambiental que se ha dictado tanto en la Constitución Nacional como la provincial y las leyes de contenidos mínimos nacional y provincial.

Expresan que la minería de minerales metalíferos utiliza casi en su totalidad el método de explotación denominado a cielo abierto, el que es conocido en la provincia de Córdoba como cantera.

Para los jueces la atribución exclusiva de dictar los códigos sustantivos delegada al Poder Legislativo Federal no impide que las provincias ejerzan sobre esa materia el poder de policía de seguridad, moralidad y salubridad, exponen que en un Estado federal la conservación y cuidado del ambiente aborda una problemática que debe ser resuelta en diferentes ámbitos geográficos.

A partir de la reforma constitucional de 1994 la Nación dicta el marco legal encargado de fijar a lo largo de todo el territorio nacional el régimen jurídico de presupuestos mínimos en materia ambiental, en virtud de los cuales los estados provinciales y los municipios orientarán la defensa del ambiente, pudiendo adicionarle lineamientos propios, pero nunca disminuyendo los fijados por la norma nacional. En este nuevo marco exponen los jueces, habrán de integrarse interpretativamente la atribución asignada al Congreso de la Nación en el inciso 12 del artículo 75 del texto constitucional, en cuanto el dictado del Código de Minería no reviste la condición de un absoluto categórico en todas las materias involucradas por dicha actividad objeto de regulación, sino sólo el principio de equiparación/unificación de los aspectos relativos a la actividad minera, pero estableciendo expresamente que la misma queda sujeta a las competencias ambientales provinciales y/o locales siempre que garantice los presupuestos mínimos que establezca la Nación.

El Tribunal manifestó por lo tanto, que eran admisibles considerar mayores restricciones a dichas actividades productivas que comprometan el medio ambiente y la posibilidad de satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras, lo que incluye el desarrollo de procesos mineros en la modalidad de cielo abierto y la utilización de ciertas sustancias en los mismos.
La Ley n°9526 participa del principio federal de complementación, está última ha sido dictada dentro de las competencias propias de la Provincia de Córdoba en materia ambiental y constituye una norma complementaria a las nacionales en materia minera ya que hace al ejercicio del poder de policía reglamentario relativo a la cuestión ambiental.

A lo largo y a lo ancho del país solo 7 provincias de la argentina prohíben la minería a cielo abierto y el uso de sustancias químicas, esas provincias son: Mendoza, Chubut, Río Negro, Tucumán, La Pampa y San Luis.

Uso razonable del agua

Una desventaja importante es que la explotación de grandes volúmenes de mineral produce mucho material estéril de desecho, como por ejemplo los que van a parar a los diques de cola, que en regiones húmedas tienen una alta vulnerabilidad ambiental.

Para el TSJ la legislación busca amparar un uso razonable del agua y mantener en niveles aceptables los efectos contaminantes de determinadas y puntuales actividades, prácticas y procesos mineros.

El Código de Aguas de la Provincia de Córdoba, Ley n° 5589, señala que el Estado Provincial procurará el uso múltiple de las aguas coordinándolo y armonizándolo con el de los demás recursos naturales. A tal efecto inventariará y evaluará los recursos hídricos, planificará y regulará su utilización en procura de su conservación e incrementación y del máximo bienestar público, teniendo en cuenta la proyección de demanda futura (artículo 5).

Han aumentado los conflictos socio-ambiental en la región latinoamericana.

Entre las principales actividades económicas que provocan el descontento y de mayor impacto es la minería, específicamente la metalífera. Esta, mayormente es de capital transnacional. A través de la utilización de grandes cantidades de explosivos, sustancias químicas, inmensas cantidades de agua y gran consumo energético se logra extraer el mineral, además de los Pasivos ambientales que emergen después de haber finalizado la explotación.

Visto esto se puede decir que el aumento de protestas entorno a estas actividades entrevera la toma de conciencia en la sociedad y la mayor información que encontramos hoy en día gracias a las tecnologías de la comunicación. De acuerdo con los vocales del TSJ, existe “consenso en la literatura respecto a que ninguna actividad industrial es tan agresiva al ambiente como la minería metalífera a cielo abierto”, dado que “se trata de actividades con huellas ambientales de relevancia durante muchos años”. En ese sentido, referenció que, según el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, está comprobado empíricamente que “la actividad minera que se desarrolla a ‘cielo abierto’, con utilización de procedimientos químicos, daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos”.

Dra. Solange Capria

septiembre 11th, 2015   |   Sin Comentarios

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